El alumbrado público es una de los principales gasto energéticos de nuestras ciudades.
A lo largo de los años se ha mejorado la eficiencia de las lámparas y han salido al mercado inundando nuestras calles nuevos productos que consiguen unas iluminaciones adecuadas consumiendo bastante menos energía. Hemos pasado del vapor de mercurio al vapor de sodio con su luz naranja y de ésta al LED, siendo esta última una tecnología aún en evolución.
Además de la evolución de las lámparas se ha avanzado mucho en la regulación de las mismas, pasando de simples encendidos horarios, a la regulación del flujo luminoso con diferentes tecnologías.
También son factibles farolas de LED alimentadas mediante energía solar fotovoltaica, lo cual, a la larga, suponen un ahorro considerable a las arcas públicas.
El reglamento de eficiencia energética del alumbrado público, avanzó mucho en la racionalización de las instalaciones pero se debe seguir avanzando más, realizando un plan público poniendo un plazo para la reforma de todas las instalaciones de alumbrado público de nuestros municipios que no cumplieran con este reglamento.
Para realizar este trabajo la inversión puede realizarla directamente la administración o dejarla en manos de Empresas de Servicios Energéticos (ESE) las cuales cobrarían en base al ahorro generado.
Las actuaciones constarían de los siguientes pasos:
- Auditoría previa realizada por técnicos cualificados donde se indique el estado actual, el estado a conseguir y la manera de conseguirlo.
- Licitación de la obra, donde se incluya el coste de la auditoría como partida de la misma, para la ejecución del contrato, ya sea de inversión directa o mediante ESE.
- Ejecución de la obra.
- Inspección de la misma para comprobación que se cumple con lo marcado en proyecto y reglamentos.
- Legalización de las instalaciones.
Son actuaciones factibles y que redundarían en beneficio de todos y en algunos lugares se están realizando ya, por lo que se debe insistir para hacerlo en todos nuestros pueblos.
