Parece que en el mundo energético hay algo de convulsión, la cual tenemos que aprovechar para seguir denunciando los desmanes producido.
Después de que Salvados clarificara a una mayoría de población que las compañías energéticas tienen más poder que los políticos, y, lo que es peor en democracia, que la mayoría de los ciudadanos, los comentarios y acciones de unos y otros no se ha hecho esperar.
El gobierno, que prevé compatibilizar el déficit de tarifa como deuda del estado, a cargo, una vez más, de todos nuestros impuestos, nos dice en informaciones como ésta de El País, que tardaremos 30 años en pagar la deuda eléctrica y será un lastre para varias generaciones.
Ésto, junto a explicaciones tan claras comoésta otra publicada por Economistas Frente a la Crisis, nos clarifica que no es una deuda lo que tenemos, sino que es una gran estafa.
Se cumplen todas las premisas para poder ser declarada como deuda odiosa, pues está hecha en contra del interés general sin el conocimiento de la población, el dinero se destina a aumentar los beneficios de las compañías eléctricas, el prestamista (en este caso las compañías eléctricas) sabe las dos condiciones anteriores pero piensa solo es su interés, que será mucho, para aceptar el déficit de tarifa.
En estas condiciones el gobierno debe actuar y reformar el mercado energético, incorporando costes reales, haciendo una auditoría real de costes a lo largo de estos años en que se ha producido el déficit para evaluar cual de él es legítimo y cual no, dejando de pagar este último y, en caso de que el balance sea positivo para el estado, exigiendo la devolución de lo pagado.