Los recientes casos de nacionalización de YPF en Argentina y de REE en Bolivia ha puesto en boca de muchos analistas las palabras de seguridad jurídica.
Inciden en que si no hay seguridad jurídica en los países no recibirán inversiones del exterior, pudiéndose estancar y empeorar en sus condiciones económicas.
La seguridad jurídica se podría definir como la certeza de que unas determinadas condiciones se van a cumplir a la hora de realizar ciertos negocios u operaciones, y que no dependerá del capricho azaroso de determinados gobiernos para operaciones realizadas con cualquier normativa, eliminando cualquier posibilidad de retroactividad de medidas cuando afecte a inversiones económicas.
El mundo de las energías renovables en España lleva viviendo desde el año de 2008 una falta de seguridad jurídica impresentable.
Por un lado recortan derechos adquiridos, limitando pagos, lo cual provoca que muchas instalaciones, al estar financiadas, no pueden amortizar todo el año.
Recortan primas de instalaciones de energía solar, sin dejar plazo para regularizar instalaciones, lo que provoca que muchas instalaciones en avanzado estado de tramitación se queden sin ejecutar, con mucho dinero invertido.
Dejan en incertidumbre al sector durante mucho tiempo, obligando a cerrar empresas y a no hacer instalaciones a clientes dispuestos.
Aún así, las grandes compañías "españolas", siguen pidiendo más recortes y más pérdida de seguridad jurídica en España respecto a las renovables, parece que en esto la imagen del país no les importa.
De pequeños nos enseñan, o deberían enseñarnos, a dar ejemplo de lo que queremos que se haga, es decir, es bueno que pidamos seguridad jurídica para nuestras empresas en el exterior, pero debemos asegurar esa misma seguridad en el interior, donde también invierten muchas empresas foráneas.
El dicho "Haz lo que te digo, no lo que yo hago" no vale, tenemos que empezar la casa desde abajo, es decir desde nosotros mismos.
